Drogas y lógica Estatal, por Lutz Alexander Keferstein Caballero

Drogas y lógica Estatal

P o r

Lutz Alexander Keferstein Caballero

When a Man Lies He Murders

Some Part of the World

These Are the Pale Deaths Which

Men Miscall Their Lives

All this I Cannot Bear

to Witness Any Longer

Cannot the Kingdom of Salvation

Take Me Home

Cliff Burton[1]

I. Aclaraciones previas.

Este es un escrito que no tendrá como centro ninguna otra posición ideológica, analítica o política sino aquella que se desprenda de simples razonamientos basados en principios jurídicos, lógicos y filosóficos. Esta vez no me interesa presentar un escrito académico. Este texto va dirigido a un lector que habite en el día a día, en el afuera del mundo de la intelectualidad, sea éste real o pretendido. Tómese más bien este texto como una gigante nota aclaratoria, crítica, al pie de página, cuyo objetivo fuera responder a las preguntas: ¿Qué legitima la penalización por parte del Estado –en nuestro caso el mexicano– del consumo y producción de drogas? ¿Cuál es la congruencia interna de ese discurso? ¿Cuál es la congruencia que el mismo tiene con las políticas adoptadas por el Estado mexicano en un escenario de realidad ideal (congruencia con referencia a un factor externo)? Así pues, aclaro de antemano que mi objeto de análisis va a incluir un Estado de honestidad ideal, entendiendo por ello aquel cuyo decir es completamente congruente con su actuar, entrecruzado con la espacialidad mexicana y la temporalidad actual. Este Estado ideal se toma como no corrupto. No –para el caso en concreto- aliado al narco. Puro en sus intereses. Un Estado utópico cuyos integrantes operan en perfectas condiciones éticas. De esta forma, si se demostrara que inclusive bajo condiciones de idealidad la penalización del consumo y producción de drogas resultara contradictorio con el discurso del Estado, lo que se puede esperar en una “realidad real”, discúlpese el ridículo pleonasmo, cae por su propio peso. Paralelamente y por mi parte, no caeré en ninguna discusión bizantina con respecto a lo dañinas o inocuas que son las drogas y concederé –sea cierto o no– que todas (usando la expresión recurrentemente presentada por quienes dicen combatir el consumo de drogas) destruyen al consumidor, pues así me lo dicen los cortes comerciales pagados con las contribuciones del pueblo mexicano, y yo, por vivir en un Estado ideal, me veré obligado a creerles al menos al principio de este texto.

Contestar estas preguntas sin más sería como lanzarse de un risco hacia el mar sin conocer la profundidad de sus aguas. Así que comenzaré cautelosamente partiendo de algunas definiciones. Cualquier bachiller o estudiante de licenciatura sabe casi como credo que el Estado es el conjunto de población territorio y gobierno; que el Estado tiene leyes que regulan la conducta de los integrantes del pueblo; e instituciones que las promulgan a la par de vigilar la aplicación y sancionar a los infractores de las mismas. Éste se crea artificialmente tras el acuerdo en ese sentido por parte de todos aquellos detentadores de voluntades libres y que aunada e históricamente habiten un territorio sobre el cual ningún otro pueblo se arrogue un derecho de posesión. El acuerdo es dado en algún momento determinado del pasado. Se conoce como contrato o pacto social y tiene la finalidad de crear mecanismos que fomenten la supervivencia del pueblo en su conjunto y de las personas que lo conforman en lo individual. Literalmente, teoría del Estado de preparatoria. Bonita y aceptada. Al menos así es como nos vemos todos adoctrinados en algún momento existencial. Bajo una lógica simplista es natural que todo resulte simple. Un poco al estilo de los anuncios que hoy en día publicitan justamente las acciones del Estado mexicano y que nos explican el por qué de las reformas hacendarias, por ejemplo, y en cuyo colofón se escucha –tras la ilustración y justificación de las modificaciones a las leyes– frases como: “pues, sí” o “gracias, jefe, ahora sí ya entendí”. Como sea, quiero creer por el momento que el Estado existe para garantizar nuestra supervivencia en condiciones dignas. ¿Por qué, si no, tendríamos que encontrarnos sujetos a determinaciones externas y que no provienen de nosotros sino únicamente de manera indirecta mediante nuestros representantes? En este sentido, Hobbes propuso en 1651 el fomento a la vida digna como justificación al derecho del Estado para, por un lado, dictar límites a las conductas del pueblo y sus integrantes –ya como comunidades, ya como individuos– y la obligación de éstos a no actuar, para concordar con estas limitaciones (por medio de leyes de las cuales diré tienen un sentido negativo, pues restringen);  y por otro, el derecho del Estado para señalar acciones a ser realizadas por el pueblo  y la obligación de este a realizarlas (por medio de leyes en sentido positivo, pues exigen acción)[2]. Algo ha salido mal, parece ser, pues han pasado ya más de 355 años de Estado moderno (tranquilícese, amigo lector y sea paciente, afortunadamente ‘sólo’ han transcurrido 200 en el caso del Estado mexicano) y no se ha conseguido que la totalidad del pueblo viva dignamente. El problema, claro está, nada tiene que ver con la honestidad e intenciones de los gobernantes. Recuérdese: vivimos en un Estado ideal. ¿No me cree? Pregúnteles a quienes nos gobiernan si son deshonestos. Verá que la respuesta es: no. Pregúnteles si su motor al gobernar es lograr la vida digna de la totalidad del pueblo. Verá que la respuesta es sí. El problema real, cuando no es culpa del pueblo mismo por no obedecer seria y ciegamente leyes tan bien hechas, o –ya nos lo han hecho saber–es que en esos últimos dos siglos se han errado los medios para conseguirlo: Si bien el Estado es completamente necesario, no era por medio del control total de la vida ciudadana y concentración del poder, como se creyó tontamente en los tiempos del Estado absolutista o en los modelos, así les llaman, comunistas, afortunadamente para el mundo ya extintos ambos que la meta se iba a alcanzar. Tampoco lo era por medio del Estado proteccionista/populista, modelo sobre el cual ya se nos dijo hasta el cansancio es un peligro para México, que trata al pueblo como si careciera de uso de razón y capacidad para responsabilizarse de sí mismo, volviéndolo comodino y flojo. ¡No! La solución, aplaudan por favor, es el liberalismo (si percibe en su persona un espasmo real que contradice la teoría, tranquilícese y repita: “no tengo hambre, apenas hace 20 años de cambio de modelo económico con la entrada de México al GATT”[3]). Esto es, un sistema en el que el poder y control del Estado se adelgaza y permite a los particulares responsabilizarse de su vida, acciones, economía y supervivencia. El particular es responsabilidad de él. Maduro y consciente como es, puede ahora participar en la vida política, económica y social del país rascándose con sus propias uñas. Su supervivencia le pertenece. Esto, se afirma, no sólo es eficiente y justo, sino la encarnación de la democracia misma: la participación directa de los particulares en los asuntos que se consideraba sólo concernían al Estado. Así, todo aquello que se haya probado como habiendo rebasado las capacidades del Estado de dirección, organización y control tiene que pasar a manos de los particulares con toda confianza pues cuando de supervivencia se trata sólo un loco atentaría contra sí mismo. ¿No puede el Estado prestar servicios públicos eficientemente como las telecomunicaciones, las vías de comunicación (carreteras y caminos), bancos, etc? ¡Privaticen! ¿No ha podido el Estado dar educación al pueblo? ¡Concesionen la educación! ¿No ha podido el Estado dar servicios de salud eficientes? ¡Llamen a los particulares! Así, en los últimos 20 años, modificaciones mediante a la Sagrada Carta Magna –de pie y sin sombrero– que nos ha regido por ya 90 años, la democratización del país se ha dado como sigue[4]: En el período de 1982 a 1988 se liquidaron 294 empresas paraestatales, se fusionaron 72, se transfirieron 25 y se vendieron al sector privado 155, entre las que se encontraban las financiadoras Nafinsa y Somex y algunas mineras como Sosa Texcoco. La siguiente etapa comprendió la entrega de las compañías de extracción y producción siderúrgica y minera (AHMSA, SICARTSA, etc.). La tercera las telecomunicaciones (TELMEX) y vías de comunicación (Carreteras y FERRONAL), así como la Banca. Paralelamente, mientras que el Estado se desentiende del lastre que representaban esas mismas empresas para nosotros sus dueños, los mexicanos, por no ser redituables ni costeables (¡y vaya que no lo eran! Ya ve usted, menos de una década después de su privatización, el Estado, noble como es, tuvo que rescatar de la quiebra –con nuestros impuestos– a los pobres empresarios dueños hasta ese momento de lo privatizado. Hasta ese momento digo, pues hoy todo excepto TELMEX fue revendido tras ser rescatado, incluso a capitales extranjeros), otros rubros estatales de prestación de servicios como la educación y el sector salud ven sus presupuestos disminuidos al menos en términos relativos porcentuales a la inflación año con año. Es sabido, por ejemplo, que México invierte menos del 8% (5.9%[5]) del PIB  a la educación recomendado por el mismo Banco Mundial y que quienes no cuenten con un empleo fijo o prestaciones laborales no tienen derecho a servicios de salud públicos al menos a nivel federal (a menos que paguen su filiación al Seguro Popular). Todo esto opera a una lógica: la liberal. El individuo, núcleo ideológico del modelo, debe responsabilizarse de sí mismo, madurar y dejar de chuparle la sangre al Estado, el cual tiene cosas mucho más importantes que hacer como por ejemplo luchar contra el narco que pone en peligro la vida y salud del pueblo y los miembros que lo conforman, por cierto consumidores de las mismas, pues estos aún no se pueden responsabilizar de sí mismos ni tomar sus propias decisiones como drogarse o no… ¡Ah, caray! No… permítame releer lo escrito… como que ya no entendí.

Para algunos pareciera que el consumidor de drogas no ignora el riesgo que su accionar conlleva. Lo hace porque así lo quiere. Pero… (gritan las voces estatales) ¡No lo hacen libremente! ¡Son determinados por las condiciones de su entorno socio-económico (se drogan para olvidar el hambre pues son pobres –marihuana, activo–… ¿o son ricos y lo hacen para olvidar su vacía vida? –coca, éxtasis, ácidos, heroína–), por su entorno cultural (no pudieron ir a la escuela y no saben… ¿o es en la escuela donde se las venden??, las malas influencias, los vaguitos de la cuadra, su propia estupidez que no les permite ver la trascendencia de sus actos! ¡¡Vaya, no son libres en sentido kantiano!! ¡Por lo tanto no pueden decidir! ¡El Estado tiene que hacerlo por ellos! ¡El Estado sabe lo que le conviene al pueblo y sus sujetos, para eso existe, para hacerse cargo de él, defenderlo –hasta de sí mismos y sus decisiones personales si es necesario- y brindarle bienestar! ¿Pero y entonces… qué pasa con el liberalismo? ¿Cuál es la lógica que opera en la penalización del consumo y producción de drogas? Si la salud y vida del pueblo interesa tanto al gobierno que lo lleva a impedir a los miembros de ese pueblo llevar a cabo actos autónomos cuyos efectos inmediatos recaen tan sólo en sí mismos y su  persona debería entonces mejorar los servicios públicos y regresar al proteccionismo, es más casi a la monarquía absoluta donde nadie tuviera derecho a nada sin la previa autorización del mandatario, quien sabe diferenciar lo bueno de lo malo. ¡Pero es que la droga destruye familias y el entorno del drogadicto y no sólo a él! (¿Y si se es soltero y huérfano?) Claro, claro. También lo hacen el alcohol y la impotencia (o sobre-apetito) sexual, la neurosis y hasta el futbol. ¿Qué tal se escucharía: “Art.22 merecerá hasta catorce años de cárcel y multa de hasta mil días de salario mínimo todo aquel marido que, debido a su impotencia sexual, produjere histeria en su mujer. La pena podrá aumentar hasta una décima parte si debido a su histeria la mujer golpea a sus hijos y hasta una veinteava si la impotencia lleva al divorcio necesario. Pena similar será aplicada si la mujer se ve obligada a robar del gasto familiar para pagarse un servidor sexual”? Allí están todos los elementos que se dice provoca la drogadicción en las familias, ¿no es así? ¿Cuál es la lógica de la penalización e ilegalidad entonces? ¿El sufrimiento del pueblo y sus miembros? ¡Ja! (Ulises Ruiz es gobernador legal, al igual que el Gober precioso y varios caciques opresores más están, al momento de leer usted esto, en su casa) Intentemos encontrarla haciendo un ejercicio en sentido negativo: por la lógica neo-liberal no puede ser la pobreza (cada quien se rasca con sus uñas), no puede ser –por más que insistan los gobernantes– la salud (el alcohol y los cigarros son legales, al igual que los insecticidas y los automóviles y los detergentes, las balas y las pistolas del ejército y las macanas de los granaderos, etc.; los hospitales públicos son arcaicos e insuficientes y los privados incosteables, pero claro, recuérdese, también en salud cada uno se rasca con sus uñas), la desintegración social menos puede serlo (de otra manera se hubieran cumplido los acuerdos de San Andrés para integrarnos con las comunidades indígenas en condiciones de equidad), la económica… ah, mh… parece que esa sí. Droga ilegal es igual a droga cara, de mala calidad pues no tiene necesidad de pasar por controles y por tanto que requiere menor inversión, no se pagan impuestos, ni propaganda, no hay prestaciones a los trabajadores (aunque cuando se les despide, también se les despide del mundo. Las liquidaciones de trabajadores tienen una connotación distinta en el mundo de la droga ilegal, misma que evita engorrosas erogaciones al patrón… ¡el sueño capitalista!). La verdad, y todos aquellos con dos dedos de frente lo saben, es que las drogas son penalizadas por así convenir a los intereses de toda una cadena de beneficiarios de su ilegalidad. El gobierno en lo abstracto y quienes lo conforman en particular no dan un quinto por el pueblo y menos por quienes se drogan (a menos, claro, que sean sus hijos y eso está en veremos). No hay ya más lógica alguna. No se puede castigar a nadie por autodestruirse. El castigo, si lo llega a haber, lo debe de dar sólo el tiempo.


[1] Dyer’s Eve, canción popular incluida en el Album …And justice for all; Metallica, Vertigo Recs., USA, 1988.

[2] Ejemplo del sentido negativo de la ley es el ordenar se evite la violación a la propiedad privada, tipificando el delito de robo y penalizando a quien lo cometa. Ejemplo del sentido positivo es el ordenar el pago de impuestos, penalizando a quien no lo haga, tipificando el delito de evasión fiscal.

[3] General Agreement on Trade and Tariffs (Acuerdo General de Comercio y tarifas). Preludio a la Organización Mundial de Comercio, México es aceptado como miembro del Acuerdo en 1986 durante la gestión de Miguel de la Madrid.

[4] Datos tomados de: SACRISTÁN Roy, Emilio, Las privatizaciones en México. Fuente: http://www.ejournal.unam.mx/ecunam/ecunam9/ecunam0904.pdf

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