Necesidades humanas básicas universales, por Marta Ezcurra Ortiz

Mesa de trabajo: Derechos de las minorías

NECESIDADES HUMANAS BÁSICAS UNIVERSALES Y DISCAPACIDAD

Marta Ezcurra Ortiz

     La teoría de las necesidades humanas básicas universales es el resultado del trabajo conjunto de Len Doyal y Ian Gough (1), el primero es conocido por su trabajo sobre economía política de la salud, y Gough por sus trabajos de política social. La producción de las necesidades humanas se sintetiza en cuatro aspectos:

  • Son producidas históricamente;
  • Jerarquizadas socialmente;
  • No reducibles a deseos o simples expectativas;  y
  • Se inscriben en complejos espacios interrelacionados en las sociedades industriales Estos son:

a)    El espacio simbólico del deseo multiplicado por el marketing empresarial;

b)   El espacio normativo de los servicios públicos de bienestar; y

c)    El espacio convencional del seno de las familias y pequeños grupos.

Los autores debaten sobre la “necesidad humana” en relación con otros espacios sociales como el de la sociedad civil, proponen un nuevo marco conceptual en el cual inscribir un proyecto democrático y universal de satisfacción de necesidades sociales y políticas, capaces de garantizar la autonomía y la libertad de los ciudadanos.

Sostienen que las necesidades humanas son universales, sin esta universalidad  justificaríamos como diferencias las que en términos morales son situaciones de privación objetiva ya sea de integridad física, salud, capacidades o diferencias culturales.

Las necesidades básicas de todo individuo, en cualquier cultura son: la supervivencia física, la autonomía personal y  la seguridad emocional, éstas deben ser satisfechas para poder alcanzar otros objetivos individuales y sociales.

Para estos autores, el debate sobre la necesidad humana se justifica debido a que la producción social de deseos y demandas ha devenido en cultura de satisfacción para una parte de las sociedades industriales, y en precarización, vulnerabilidad o  marginación, para la otra, que en la mayoría de los casos carece de autonomía ciudadana.

En este contexto se presentan las necesidades humanas como:

  1. El conjunto de precondiciones de la existencia humana; y
  2. Prerrequisitos de una vida autónoma, dentro de sociedades que pretenden modos de vida libres y emancipatorios para sus ciudadanos.

Estas necesidades no son un fin en sí mismas, sino  instrumentos de objetivos universales de participación social.

     La salud física puede considerarse transcultural, ya que si una persona de cualquier país y condición social desea llevar una vida activa y satisfactoria, tratará de satisfacer sus necesidades básicas a fin de optimizar su esperanza de  vida y evitar los perjuicios de enfermedades, incapacidades y dolencias.

     La seguridad emocional es considerada como una necesidad básica y depende fundamentalmente de las relaciones de apego en la primera infancia, así como de las interrelaciones sociales que se puedan establecer en la niñez, ya que de ellas  dependerán las relaciones en la vida adulta.

     La autonomía se expresa en referencia a la capacidad de los seres humanos de formular objetivos de vida y estrategias de participación de acuerdo a sus intereses y demandas.

Amartya Sen (2), premio Nobel de economía 1994, y gran promotor del enfoque del desarrollo humano, propone una perspectiva alternativa a la de las necesidades básicas, a la que denomina de las capacidades básicas. Esta visión parte de la capacidad de las personas para  transformar sus recursos en aquello que  consideran necesario para su bienestar, y sostiene que sólo por medio de la libertad los individuos logran aumentar sus capacidades.

Es importante considerar estos planteamientos cuando abordamos el tema de las diferencias o las dificultades humanas debidas a situaciones de privación objetiva ya sea de integridad física o funcional, salud, capacidades o diversidad cultural porque precisamente al no atender y satisfacer las necesidades básicas universales se genera la  condición de discapacidad. Según la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2008 (3) ésta “…resulta de la interacción entre las personas que presentan alguna deficiencia y las barreras debidas a la actitud y al entorno (físico y social) que evitan o limitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.

Por ello es necesario un Estado que, mediante su estructura normativa y el ejercicio del poder, garantice el establecimiento y difusión de las condiciones y reglas que aseguran la satisfacción de necesidades básicas para toda la población y el ejercicio pleno de todos sus derechos, creando en el caso de las personas con necesidades especiales las condiciones requeridas para su desarrollo e inclusión social plenos.

La situación prevaleciente de las personas con discapacidad en México

Las personas con discapacidad, hoy en México, se encuentran en situación de desigualdad y  vulnerabilidad extremas, debido a que por diferentes factores o la combinación de ellos enfrentan situaciones de riesgo y discriminación, desde luego podemos  asegurar que la gran mayoría no ha logrado la satisfacción de las necesidades humanas básicas en salud, en seguridad emocional, ni en el logro de su autonomía. Si éstas constituyen el conjunto de precondiciones de la existencia humana; y los prerrequisitos para una vida digna, podemos confirmar que en la actualidad no hay posibilidades de asegurar para esta población su óptimo desarrollo y  la posibilidad de la búsqueda individual de una vida plena y el ejercicio de todos sus derechos.                                                                                                                                                                                                                                                   

Si bien se han registrado en el país avances importantes en materia de legislación y políticas públicas, como:

  • La LEY GENERAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (Junio, 2006)
  • LEY PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL D. F. (Diciembre 1995)
  • LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN (Junio 2003)

Pero aún no se han publicado las leyes reglamentarias correspondientes.

También se han instrumentado cuatro programas específicos para la población con discapacidad, a cargo de la Secretaría de Salud,  del Trabajo, del Consejo Nacional Consultivo para la Integración de las Personas con Discapacidad, y de la Secretaría de Educación Pública, sin embargo existen fuertes obstáculos para su consecución.

Un excelente análisis sobre los derechos de las personas con discapacidad, la  legislación y las políticas públicas así como propuestas de líneas de acción se encuentra en el Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal publicado en 2008 (4)

Obstáculos

Entre otros obstáculos para la atención de esta problemática, destacamos:

a)    La discapacidad se aborda como una condición perteneciente a un grupo social y no como una condición personal que está presente transversalmente en todos los grupos de la sociedad; lo que trae consigo una “invisibilidad” de la situación concreta de las personas y, por lo tanto, la falta de mecanismos de inclusión en todos los espacios de la sociedad.

b)    Desinterés por conocer la dimensión real del problema en el país; la Organización Panamericana de la Salud estima que aproximadamente el 10 % de la población presenta algún tipo de discapacidad, los resultados del censo de INEGI al año 2010 arrojan datos muy inferiores, ya que las personas que tienen algún tipo de discapacidad son 5 millones 739 mil 270, lo que representa 5.1% de la población total, sin que nadie haya intentado investigar al respecto.

c)     Por otra parte, se carece de un sistema eficiente y actualizado de registro de personas según condición y grado de discapacidad (discapacidad dominante, manifestaciones y origen, frecuencia de casos, resultados de la atención, distribución territorial, etc.) cuyos datos son indispensables para planear, priorizar y programar adecuadamente las acciones gubernamentales y de la sociedad civil, así como servir de fuente de datos para distintos tipos de estudios y evaluaciones.

d)    Además existe una amplia descoordinación de las instancias gubernamentales involucradas, lo que impide la complementariedad de esfuerzos y recursos canalizados hacia las personas con discapacidad y sus familias, y el impacto de sus acciones en beneficio de éstas.

Propuestas generales

Desde el enfoque de satisfacción de las necesidades básicas y por lo tanto de derechos humanos, la atención a las personas con limitaciones o deficiencias requiere de un Plan Integral, ya que la discapacidad debe ser vista como una condición personal que se encuentra presente transversalmente en la sociedad, esto es en los grupos de niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, hombres, adultos mayores, etc.  y por ello esta población debe ser incluida mediante acciones afirmativas en todos los ámbitos de participación social.Por todo esto se propone:

1. Convocar la participación de los sectores público, social y privado así como de las

asociaciones de personas con discapacidad y padres de familia en el diseño de

objetivos, estrategias y prioridades de la política de desarrollo social.

2. Contar con un sistema eficiente y actualizado de registro de personas según la

condición y grado de discapacidad (discapacidad dominante, manifestaciones y

origen, frecuencia de casos, resultados de la atención, distribución territorial, etc.)

cuyos datos son indispensables para planear, priorizar y programar adecuadamente

las acciones gubernamentales y de la sociedad civil, así como servir de fuente de

datos para estudios y evaluaciones que se requieran al respecto.

  1. El Plan de atención integral para las personas con discapacidad debe coordinar e

integrar acciones que respondan a criterios rigurosos de planificación y coordinación de los servicios, así como sectorización de los mismos, con la finalidad de atender de forma ordenada y global sus necesidades humanas básicas, captar e invertir nuevos recursos  y obtener el máximo rendimiento de los actualmente disponibles.

  1. Contar con un registro de servicios de todos los sectores concurrentes, con objeto de promover la orientación y asesoría necesarias, así como el seguimiento y obtención de información sobre los resultados de la atención recibida.
  2. Evaluar lo alcanzado en diversos ámbitos, para proponer las adecuaciones,  ajustes y mejoras necesarias en el entorno jurídico, cultural, de salud y educación, así como de bienes y servicios para hacer realidad  la igualdad de oportunidades.
  3. Difundir información sobre los derechos, servicios y apoyos establecidos a favor de la población con problemas de discapacidad y sus familias.

Educación especial

En cuanto a la educación especial, podemos decir que los niños y jóvenes con necesidades educativas especiales, con o sin discapacidad, se encuentran severamente limitados en sus derechos debido a la exclusión y discriminación de las que es objeto la propia Educación Especial dentro de la Ley General de Educación, ya que no está incluida en la Educación Básica como sí lo están otros colectivos como el de niños indígenas, poblaciones rurales dispersas o población migratoria, que al igual que la educación especial requieren de adaptaciones y/o transformaciones curriculares para el logro de un proceso educativo eficaz. Esto queda expresado en los Artículos 13, 16, 20, 37, 38, 39 y 41. Esta situación tiene repercusiones negativas en el proceso de integración educativa vigente, entre otras:

a) La carencia de un órgano responsable del proceso educativo de los alumnos  integrados en las escuelas regulares, y por lo tanto la falta de  evaluación del  servicio, del proceso educativo y de los alumnos.

b) La precariedad de las condiciones en que se presta el servicio.

c) La falta de un programa articulado de trabajo que atienda a las necesidades individuales en el transcurso de cada nivel y entre los distintos niveles educativos.

e)           No existe administrativamente un órgano o profesional que asuma el compromiso de la evolución socio-educativa de esta población.

A partir del Acuerdo para la Modernización Educativa de 1993, la estructura organizativa de la educación especial fue desmantelada y desarticulada, transfiriéndose sus funciones a las dependencias normativas de Educación Básica, pero no el subsistema de educación especial que permaneció aislado desde entonces. Provocando:

a) La carencia de órganos responsables de la planeación, programación, investigación así como de innovación, y la actualización técnico-pedagógica del personal.

b) La falta de información y registro como de difusión a nivel nacional de experiencias locales o internacionales que pudieran ser exitosas.

La organización operativa actual consta de dos tipos de servicios, las Unidades de Servicios Adscritos a la Educación Regular (USAER)  y los Centros de Atención Múltiple (CAM), ambos servicios comparten las limitaciones mencionadas anteriormente y se encuentran imposibilitadas de cumplir adecuadamente su función comenzando por la falta de lineamientos científicos y administrativos actualizados.

Propuesta para la Educación Especial

La idea central que inspira la elaboración de una Propuesta de Educación Especial de los niños y jóvenes con necesidades educativas especiales, con o sin discapacidad, es la de promover la satisfacción de las necesidades básicas, garantizar el ejercicio de sus derechos y propiciar la equiparación de oportunidades educativas para lograr su desarrollo integral y su participación autónoma y productiva en la sociedad.

Para ello se propone que:

a)    La Educación Especial sea focalizada como un Proyecto de la Educación Básica en el que se determinen las atribuciones concurrentes, así como la distribución de competencias y los diversos mecanismos de intervención, quedando sujeto a una evaluación permanente que posibilite su adecuación a los requerimientos de la población.

b)   La Secretaría de Educación Pública cuente con un órgano cuya función sea la de establecer la normatividad en todos los aspectos: planeación, programación, innovación y desarrollo del sistema, así como en los ámbitos técnico-pedagógicos, de investigación y de ciencia y tecnología aplicables.

c)    Se analicen las evaluaciones realizadas (5), (6), (7) entre otras, y en caso necesario se lleven a cabo evaluaciones complementarias para partir de la situación actual en el diseño de los ajustes y adecuaciones que puedan llevarse a cabo de manera inmediata, así como las innovaciones requeridas para asegurar que el proceso educativo se programe de acuerdo al alumno y no al revés.

d)   La organización de los servicios de Educación Especial, integrados o no, eventualmente inclusivos si se transformara el modelo educativo nacional, responda a un sistema abierto, flexible, multimodal, con diversas opciones para el alumnado acordes con sus características, que rinda cuentas de la evolución educativa de cada uno de los alumnos, que sea claro en su misión, visión, propósitos y estrategias, sujeto a evaluación y a propuestas de innovación permanentes.

e)    Se cuente con un sistema eficiente y actualizado de registro de población de alto riesgo, potencial o establecido, mediante acuerdos interinstitucionales con la  Secretaría de Salud, INEGI, universidades, centros de investigación, y otras dependencias afines, para generar conjuntamente los servicios de atención preventiva y de cuidado infantil integral para evitar o disminuir los riesgos en esta población.

f)     La atención oportuna y el seguimiento de esta población permita sectorizar, priorizar, y programar adecuadamente los servicios de educación especial en todos los niveles desde la educación inicial hasta la educación superior.

Sólo la participación de los maestros, regulares y especialistas, los padres de familia, las asociaciones de personas con discapacidad, las universidades, las organizaciones, públicas y privadas, de profesionistas afines, así como la voluntad política de las autoridades educativas, harán posible la adopción de las medidas que se requieran para lograr la equidad educativa de la población con discapacidad en todos los niveles del sistema.

La igualdad de derechos se transforma en equidad cuando se asume la diversidad y no cuando se la niega. El individuo es sujeto humano ético en la respuesta a la demanda del otro y en la responsabilidad hacia su vida. En este sentido deberá encaminarse la atención  a la discapacidad en la República Amorosa.

BIBLIOGRAFÍA

1.- Doyal, Len e Ian Gough, Teoría de las necesidades humanas, Ed. Icaria-FUHEM, 1994, Barcelona-Madrid.

2.- Sen, A., El desarrollo como Libertad; Ed. Planeta, 2000, Madrid.

3.- ONU, Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, 2008.

4.- Gob. del D. F. y otras instituciones, Diagnóstico de Derechos Humanos del D.F., 2008.

5.- García Cedillo et al., Integración Educativa Perspectiva Internacional y Nacional.  SEP, México 1997 – 1999.

6.- Ezcurra, M., Molina, A., Elementos para un diagnóstico de la integración educativa en el Distrito Federal.  Dirección Equidad y Des. Social D. F.- UNICEF,  México, D. F., 2000.

7.- Ezcurra, M. et al., La calidad de la atención educativo de los niños y jóvenes con discapacidad en los Centros de Atención Múltiple. Secretaría de Educación Pública, 2003.

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